El 21 de enero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sevilla, rechazó el recurso del Ayuntamiento de Sevilla.
El Tribunal confirma así la anulación del Plan de Movilidad de la Feria de 2022 que ya había decidido un juzgado de Sevilla. Además, el Ayuntamiento tendrá que pagar los gastos del juicio, hasta un máximo de 1.000 euros. La decisión es definitiva: ya no se puede recurrir.
Cómo llegamos hasta aquí
- Feria de Sevilla 2022 (5 de mayo). El Plan de Movilidad nos dejaba fuera de calles y accesos donde sí podían circular y operar los taxis: no podíamos acercarnos a recoger o dejar al cliente precontratado; la zona habilitada se limitaba a 10 metros compartidos con autobuses discrecionales. La Asociación denunció esa discriminación ante ACREA.
- Junio de 2022. La autoridad de competencia de Andalucía aceptó estudiar la denuncia y llevó el Plan a los tribunales.
- Verano de 2023. Un juzgado de Sevilla anuló ese Plan: era trato desigual. El Ayuntamiento decidió recurrir.
- 21 de enero de 2026. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice la última palabra: confirma la anulación. El Plan de la Feria 2022 queda anulado de forma definitiva y el Ayuntamiento tendrá que pagar los gastos del juicio.
Qué remarca el Tribunal Superior
La regulación municipal de los VTC debe respetar los principios de la ley de garantía de la unidad de mercado: en particular, no discriminar y que cualquier límite sea necesario y proporcionado. No queda justificado por qué en unas calles se permite el acceso a los taxis y no a los VTC; el informe de la Policía Local presentado en el juicio no justifica ese trato distinto.
Las restricciones al alquiler con conductor en grandes eventos deben estar justificadas, ser proporcionadas y no discriminar frente a otras modalidades de transporte. Ese es el criterio que sienta este recorrido, desde nuestra denuncia de 2022 hasta la confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La Asociación Empresarial VTC Andalucía, Ceuta y Melilla seguirá trabajando con las administraciones —y, cuando sea necesario, ante ACREA y los tribunales— para defender una competencia efectiva y el derecho de los usuarios a elegir el modo de transporte previamente contratado.