La Asociación VTC Andalucía, Ceuta y Melilla ha reclamado un refuerzo urgente de los recursos humanos y materiales destinados a las labores de inspección y control del transporte en Andalucía, con el objetivo de combatir el intrusismo y las prácticas irregulares de aquellos vehículos de transporte con conductor (VTC) que incumplen la normativa vigente.
La organización considera que el fraude y la falta de controles efectivos perjudican gravemente a las empresas y profesionales que desarrollan su actividad conforme a la legalidad, generando una situación de competencia desleal que afecta al conjunto del sector.
El presidente de la Asociación, Pablo García-Trespalacios, ha señalado que «esta es una situación que nos afecta a todo el colectivo. Desde la Asociación vamos a exigir que se cumplan las normas establecidas y que las administraciones doten de los medios necesarios para garantizar una inspección eficaz. Quienes trabajan dentro de la legalidad no pueden verse perjudicados por quienes incumplen las reglas».
En la actualidad, las delegaciones provinciales de Transporte de Andalucía cuentan con un total de 59 personas, de las cuales únicamente 16 son inspectores, una plantilla que, a juicio de la Asociación, resulta claramente insuficiente para asumir las labores de vigilancia, inspección y control que requiere un territorio con miles de autorizaciones de transporte, tanto de viajeros como de mercancías.
Por este motivo, la Asociación VTC Andalucía, Ceuta y Melilla solicita a la Junta de Andalucía un incremento de los efectivos destinados a inspección, así como mayores recursos administrativos, técnicos y económicos que permitan intensificar los controles sobre aquellas actividades que se desarrollan al margen de la normativa.
La entidad recuerda que las autorizaciones VTC son de carácter estatal y se regulan mediante la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). En el ámbito autonómico, la actividad está regulada por el Decreto-ley 8/2022, de 27 de septiembre, que modifica la Ley 2/2003, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
La normativa andaluza establece que las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor de carácter nacional domiciliadas en Andalucía habilitan para realizar transportes urbanos e interurbanosde viajeros dentro de la comunidad autónoma, remitiendo a la legislación estatal para el régimen sancionador.
En este sentido, el artículo 140.39.1 de la LOTT considera una infracción muy grave iniciar un servicio en un ámbito territorial distinto de aquel en el que resulte obligatorio hacerlo o incumplir las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio en el territorio donde está domiciliada la autorización.
Asimismo, el artículo 143 de la misma ley contempla sanciones económicas que oscilan entre 1.001 y 2.000 euros para estas infracciones, pudiendo alcanzar entre 2.001 y 6.000 euros en caso de reincidencia por infracciones muy graves en los doce meses anteriores. Además, la normativa prevé la revocación de la autorización cuando se impongan tres sanciones muy graves en un periodo de dos años.
La Asociación VTC Andalucía, Ceuta y Melilla insiste en que no solicita nuevas regulaciones, sino que se garantice el cumplimiento efectivo de las ya existentes mediante una labor de inspección suficiente y eficaz. «El respeto a la legalidad debe ser igual para todos. Solo así se protege a los empresarios autónomos, empresas y cooperativas que cumplen con la normativa, se garantiza una competencia leal y se ofrece seguridad jurídica tanto al sector como a los usuarios», concluye Pablo García-Trespalacios.